Xavier Alexander Martínez Jarillo
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A pesar de que el actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, haya afirmado que la “guerra contra el narcotráfico” ha terminado[1] es más que evidente que no es así, pues incluso en el contexto de la pandemia que vivimos, éste ha mostrado su “cercanía” con las clases populares del país, evidenciando la histórica debilidad del Estado mexicano para satisfacer las necesidades básicas de la sociedad al dar despensas de manera pública como una forma de propaganda política.[2]
Si bien desde los años 70 se había combatido al narcotráfico (Operación Intercepción, Operación Cóndor, etc.),[3] fue hasta la segunda presidencia panista que se convirtió en una política de Estado y, de hecho, en la directriz de todo un sexenio; insertando en el leguaje y las prácticas políticas una visión particular en la que un enemigo específico –el narcotráfico– conglomera todos los problemas de un periodo preciso y, por consiguiente, las políticas de gobierno.
En efecto, para Felipe Calderón la inseguridad generada por el narcotráfico era el principal problema que aquejaba al país, dejándolo claro desde su primer día como presidente cuando, en una cena que ofreció en el Auditorio Nacional, afirmó que a pesar de las vidas que costaría, él estaría al frente en el combate contra la delincuencia.[4]
El 12 de diciembre de 2006 es considerado como la fecha en que inició la Guerra contra el narcotráfico tras el arranque del Operativo Conjunto Michoacán, a petición del gobernador de esa entidad, Lázaro Cárdenas Batel,[5] desplegando más de 4000 efectivos de las Fuerzas Armadas con el objetivo de combatir a las organizaciones criminales que, tras su disputa por los mercados de droga y el control de la población habían dejado un camino de plomo y sangre.[6]
En su Plan Nacional de Desarrollo –documento que marca las pautas que seguirá un presidente durante su gobierno– Calderón afirmó que partía de un diagnóstico “de nuestra realidad”, dando prioridad a los problemas relativos al restablecimiento del Estado de Derecho y la seguridad e identificando al narcotráfico como el gran problema que debía enfrentar su gobierno, debido a que, según el mandatario, había cooptado territorios y estaba ejerciendo y propagando la violencia por todo el país.[7] Este enemigo, que presentó como histórico debido a la corrosión de las instituciones encargadas de velar por la seguridad, también afectaba a las actividades económicas, pues al generar violencia e inseguridad imposibilitaba que el país fuera atractivo para la inversión.[8] De esta manera, desde la perspectiva del gobierno de Calderón, el narcotráfico afectaba a la sociedad (a través de la violencia), a la economía (por la inseguridad) y al mismo funcionamiento del Estado por el hecho de disputarle el monopolio de la violencia (la principal función del Estado de acuerdo con el mandatario).
Ahora bien, se ha afirmado que el inicio de la guerra contra el narcotráfico fue una herramienta para adquirir legitimidad debido al fraude electoral que rodeó su llegada a la presidencia.[9] No obstante, el clima de violencia causado y propiciado por el narcotráfico, su expansión en prácticamente todo el país y la incoherencia entre el aumento del gasto público destinado a la seguridad y el incremento de los índices delictivos hacían necesario que el nuevo gobierno tomara cartas en el asunto[10] –esto para nada quiere justificar la guerra iniciada por Calderón, sino mostrar que su decisión partió de una lectura coherente con el contexto, aunque no atinada ni, mucho menos, bien pensada–.
La solución que buscó el presidente para el conflicto fue unilateral: el combate frontal a través de las instituciones que consideraba como las únicas capaces de hacerlo, las Fuerzas Armadas y la Policía Federal. Para él, su estrategia fue un rotundo éxito, y así lo defendió en su último Informe de Gobierno[11] e incluso hasta la actualidad.[12]
Por otro lado, no todo se quedó en el discurso, pues durante su sexenio el mandatario panista buscó mostrar que sus políticas eran coherentes con las necesidades que identificó de su contexto. Ejemplo de ello fue la emisión de un decreto en el que se incrementaron las penas en contra de quienes delinquieran contra la salud, y como parte de la delincuencia organizada (dentro de la que destacó siempre al narcotráfico);[13] así como la promulgación de la Ley contra el narcomenudeo,[14] la cual tipificó este delito que estaba ausente en las leyes pero inserto en el lenguaje, con el objetivo de combatir esta actividad que, según el mandatario, era la modalidad más común y peligrosa del narcotráfico por acercarse directamente a la población más vulnerable: los jóvenes y niños. Además, el 30 de noviembre de 2010 apareció en el DOF la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, la cual respondía a las condiciones presentadas en el contexto a causa del incremento en el secuestro (y asesinato) de grupos de migrantes para distintos fines.[15]
Se ha dicho mucho sobre el fracaso que significó la guerra contra el narcotráfico,[16] pero lo que queremos destacar es que el hecho de que Felipe Calderón entendiera este problema como un asunto que atañía a Seguridad Nacional (por su afectación al funcionamiento del Estado) y al mismo tiempo a la Seguridad Pública (por su daño al “tejido social”) marcó un punto clave para que comprendiera el actuar de las Fuerzas Armadas y policiacas como la única vía para solucionar los grandes problemas que se identificaban en ese momento en el país. Este modo de entender al narcotráfico tuvo como resultado una primacía de las políticas –y prácticas– punitivas y coercitivas, debido a que la falta de claridad conceptual entre ambos ámbitos llevó a unificar el criterio sobre todos los problemas de seguridad.[17]
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Como señalamos al principio, la guerra contra el narcotráfico no solo no ha terminado, sino que sigue en pie, aun cuando el gran enemigo en el lenguaje político sea la corrupción (y antes el “Huachicoleo”). Esto quedó claro cuando el 17 de octubre de 2019 se desató una balacera en Culiacán Sinaloa debido a un operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán. En las horas siguientes, el presidente Andrés Manuel López Obrador avaló la decisión de los militares implicados en este operativo de liberarlo so pretexto de “proteger vidas humanas”: “No queremos muertos, no queremos la guerra. […] La anterior estrategia convirtió al país en un cementerio, lo he dicho una y mil veces. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”.[18]
Independientemente de la postura que se tenga frente a las políticas de seguridad del actual presidente es necesario destacar al menos dos cosas. En primer lugar, que su discurso político guarda una coherencia interna en tanto que marca una distinción frente a los gobiernos anteriores al de él en materia de seguridad, la cual consiste en tomar una postura antagónica en la que la paz y el diálogo se antepondrían a la violencia. En segundo lugar, y yendo más allá del discurso de AMLO, destaca la discusión que se suscitó en las redes sociales sobre la declaración del presidente, en donde se pudo notar la repetición del lenguaje utilizado por él, ya fuera para decir que mostraba una fragilidad del Estado frente al narcotráfico, o bien, para defender una causa en pro de la vida humana y de la paz en el país.
Este ejemplo particular nos permite ver cómo desde una institución de poder, en este caso el Ejecutivo representado por AMLO, se reproduce un lenguaje político que muestra una visión de la realidad, y que después es socializado para ser utilizado de distinta manera (socialización que se entiende como la integración de ese lenguaje político dentro de las experiencias que permiten a las personas dialogar y discutir entre sí). Pero también, muestra una diferencia en cuanto a las políticas de seguridad y el lenguaje político de sus antecesores y, en especial, de Calderón.[19] Es decir, AMLO reconoció el lenguaje político de Calderón para rebatirlo, y esta disputa en el lenguaje repercute en las medidas para la solución de conflictos cuando, por ejemplo, gobiernos locales reproducen un tipo de perspectivas políticas contrarias a las federales.
Esto permitiría comprender por qué el sexenio de AMLO parece guardar contradicciones entre su discurso político pacifista y sus políticas de seguridad. La creación de la Guarda Nacional en 2019 en relego de la Policía Federal –institución que fue importante para Calderón al grado de mostrarla como la única fuerza policial capaz de colaborar activamente con las Fuerzas Armadas para combatir al “narcotráfico”– podría considerarse como un acto de legitimidad al mostrar una política de seguridad “diferente” a la de sus antecesores a partir de una nueva institución de seguridad –podemos entender así a la Guarda Nacional como una creación del gobierno de AMLO–. Esto implica una continuación de la visión punitiva para la solución de los problemas del país.
Ejemplos de esto son el asesinato de un hombre en Guadalajara por no usar cubrebocas en el contexto de la contingencia sanitaria;[20] o bien, la legalización que hizo el Gobierno Federal el pasado 12 de mayo de 2020, sobre prácticas que de facto se venía haciendo desde hace 12 años: la cesión de tareas de seguridad públicas a las Fuerzas Armadas, profundizando una serie de medidas que le han dado mayor presencia a las Fuerzas Armadas en diversas áreas económicas y políticas.[21]
Lo anterior nos permitiría pensar en la pervivencia y vigencia de la visión que construyó Calderón para entender la política en un gobierno que, al menos en el lenguaje y a pesar de su supuesto distanciamiento con el gobierno de Calderón, busca mostrar una cara mucho más pacífica del país. De ser esto cierto, la socialización de un lenguaje político –expresado en términos pacifistas–, contradictorio a una serie de políticas punitivas, podría implicar que éstas últimas pierdan visibilidad –más en una coyuntura como la impuesta por la pandemia de la COVID-19–. Además, en la medida en que estas políticas punitivas no se realicen en función de un análisis sobre las causas estructurales del narcotráfico resultará problemático seguir partiendo de “lecturas de la realidad” que solo identifican problemas individuales, pues las verdaderas causas de los problemas jamás serán atendidas.
En el fondo, y por mucho que le pese a nuestro actual presidente, a pesar del antagonismo que guarda su discurso político respecto al de su némesis Calderón –antagonismo inexistente en la autorreferencia que se dan como mesías de sus tiempos–, las prácticas políticas no son muy diferentes. Apelar a la buena voluntad de los narcotraficantes para que “se porten bien”, a sus madres para que los regañen y a la sociedad en su papel de actor pasivo de moral inquebrantable, muestra una contradicción entre el discurso y la práctica que muy fácilmente pueden invisibilizar las acciones que operan de hecho y que, al igual que los gobiernos anteriores, no han tenido resultados satisfactorios en la solución de la inseguridad, de la violencia, y del narcotráfico que, sobra decirlo, no podrá ser resuelto ni con un discurso pacifista ni con un actuar plenamente bélico.
Finalmente, parece que seguimos pensando nuestros problemas como los pensó Calderón al iniciar aquella guerra en la que, sin duda, nunca estuvo “al frente”, reforzando una militarización del país que ni siquiera en el discurso tendría que ser viable.[22]
*El presente texto surge a partir de mi investigación realizada para la obtención del título de Licenciado en historia, Las funciones políticas del concepto de narcotráfico de Felipe Calderón en su Plan Nacional de Desarrollo y los seis Informes de Gobierno, 2006-2012. Trabajo en etapa de corrección final.
[1] Alberto Nájar, “«Ya no hay guerra» contra el narco: la declaración de AMLO que desata polémica en México”, BBC, 1 de febrero de 2019, en https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47082267 [2] David Saúl Veda, “Con despensas, narcos «pelean» plazas en medio de la pandemia”, El Financiero, 24 de abril de 2020, en https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/con-despensas-narcos-ganan-simpatias-y-el-control-de-territorios [3] Con éxitos cuantitativos cuestionables, pues en la década de los 80 el narcotráfico en México recobró mayor fuerza gracias a, entre otros factores, el combate a los cárteles colombianos. En cambio, los embates contra el narcotráfico en México mostraron la imposición del gobierno norteamericano sobre el mexicano en las políticas relativas a este problema. Para saber más, véanse: Luis Astorga, El siglo de las drogas. Del Porfiriato al nuevo milenio, México, Debolsillo, 2016; y Richard Craig, “Operación Intercepción: una política de presión internacional”, trad. de Soledad Loaeza, Foro Internacional, Vol. XXII, 2 (86), octubre-diciembre, 1981, disponible en https://forointernacional.colmex.mx/index.php/fi/article/view/885 [4] Felipe Calderón Hinojosa, “Primer mensaje a la nación del Lic. Felipe Calderón Hinojosa, como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos”, 01 diciembre de 2006, en http://calderon.presidencia.gob.mx/2006/12/primer-mensaje-a-la-nacion-del-lic-felipe-calderon-hinojosa-como-presidente-constitucional-de-los-estados-unidos-mexicanos/ Este sitio desapareció de la web entre finales de 2019 y principios de 2020. [5] Al día siguiente apareció en el Diario Oficial de la Federación el “Convenio de Colaboración que en el marco de la Ley de Seguridad Nacional celebran el Gobierno Federal y el Estado de Michoacán”, aceptando este último la directriz de aquel en asuntos de Seguridad Nacional. [6] Manuel Espino, “Así comenzó la «guerra» contra el narcotráfico de Felipe Calderón”, en El Universal, 23 de agosto de 2019, consultado en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/asi-comenzo-la-guerra-contra-el-narcotrafico-de-felipe-calderon [7] Felipe Calderón Hinojosa, Plan Nacional de Desarrollo, 2007-2012, p. 58. [8] Ibíd., p. 86. [9] Una postura contraria a esta es la de Luis Astorga en “¿Qué querían que hiciera?”. Inseguridad y delincuencia organizada en el gobierno de Felipe Calderón, México, Grijalbo, 2015 [10] Véase Reynaldo Yunen Ortega Ortiz y María Fernanda Somuano Ventura, “Introducción: El periodo presidencial de Felipe Calderón Hinojosa”, en Foro Internacional, 219, LV, 2015 (1). (Todo ese número está dedicado a analizar el sexenio de Calderón). [11] Felipe Calderón Hinojosa, Sexto Informe de Gobierno, 2012, p. 120. [12] Jacobo García, “Los silencios incómodos de Felipe Calderón”, 26 de mayo de 2020, en: https://elpais.com/internacional/2020-05-26/los-silencios-incomodos-de-felipe-calderon.html?fbclid=IwAR2eT19fnfdCl4-U5m885wsF9ibUM2-h0-tt-zNu8gmGPialXgts5zxWOKk. [13] Se publicó en Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2007. [14] De hecho, fue una reforma a la Ley Federal de Salud y los códigos penales y procedimental penales. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2009. [15] Véase, por ejemplo, José Gil Olmos, “La matanza de Tamaulipas, sólo una muestra”, en Proceso, México, 29 de agosto de 2010. Ese número de la revista presentó distintos reportajes sobre el secuestro de migrantes como una práctica de la “industria” del narcotráfico. [16] Véase, por ejemplo, Jonathan Daniel Rosen y Roberto Zepeda Martínez, “La Guerra contra las Drogas en Colombia y México: estrategias fracasadas”, p. 192; en Ánfora, vol. 21, núm. 37, 2014, especialmente de la p. 179 y ss. [17] Francisco Sánchez Espinosa y Claudia Juárez Jaimes, “Política de Seguridad en México: combate al narcotráfico. Entre la seguridad nacional y la seguridad pública”, p. 247, en Revista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de Puebla, Nueva época, Vol. 13, No. 44, Julio-Diciembre de 2019. [18] Javier Lafuente, “López Obrador defiende la liberación del hijo de El Chapo: «Estaban en riesgo muchas personas»”, El País, 18 de octubre de 2019, en https://elpais.com/internacional/2019/10/18/mexico/1571404142_034024.html, consultado el 17 de junio de 2020. [19] Véase: “«Mesías» vs. «Comandante Borolas», la rivalidad entre AMLO y Calderón”, Nación321, 23 de agosto de 2019, en https://nacion321.com/gobierno/mesias-vs-espurio-la-historia-de-una-vieja-rivalidad-entre-amlo-y-calderon, consultado el 13 de mayo de 2020. [20] Véase: “Asesinato de Giovanni López fue por no traer cubrebocas, confirmó su hermano”, Infobae, 5 de junio de 2020. [21] Véase: David Marcial Pérez, “México blinda en una ley la entrega de la seguridad pública a los militares”, El País, 12 de mayo de 2020, en https://elpais.com/internacional/2020-05-12/mexico-blinda-en-una-ley-la-entrega-de-la-seguridad-publica-a-los-militares.html?fbclid=IwAR2s49xfGeZ1E476O-OM8PQ4IHBSEjLs4UFkYvcwgFCtFAuue2JbFZzmJmw, consultado el 13 de mayo de 2020. También: Arturo Ángel y Alberto Padilla, “AMLO legaliza intervención militar en 12 tareas policiales; ONG acusan falta de plazos y controles”, Animal Político, 12 de mayo de 2020, en https://www.animalpolitico.com/2020/05/amlo-legaliza-intervencion-militar-tareas-policiales/?fbclid=IwAR1xxjuHpEeMyhJSSAxIhFiJtgW-rlv7RaNh7LiFE5HHZ-1q6VtnbswMdc0, consultado el 13 de mayo de 2020. [22] Véase: María José Rodríguez Rejas, “El proceso de militarización en México: un caso ejemplar”, en José María Calderón Rodríguez (Coord.). América Latina: Estado y sociedad en cuestión, Editorial Edimpo, México, 2010.