Por Shirley Vallejo Tapia
Registro Fotográfico Iván Castaneira
Guayaquil, 8 de abril. Persona enferma busca atención hospitalaria, galenos le atienden en el auto.
Dos crisis humanitarias en medio año
La llegada del Covid-19 a Ecuador, a finales de febrero pasado, representa la segunda crisis social que el país afronta sin una debida conducción nacional. La primera aconteció cinco meses antes, cuando las paralizaciones ciudadanas surgidas en todas las provincias y cantones contuvieron los intentos gubernamentales por introducir reformas de flexibilización económica con subida de precios en los combustibles, precarización laboral y un saldo de trece muertos y más de mil heridos. Este panorama es consecuencia de una progresiva y exponencial reducción del Estado, que en el sector salud no solo ha implicado miles de despidos y disminución de la inversión, dejando en menos de 20 camas hospitalarias disponibles por cada 1000 personas, sino también de un rígido plan económico a favor de la banca internacional y un quemeimportismo de las afectaciones sociales.
El emplazamiento del COVID-19 fue inminente en el país, ya en los primeros días de marzo se engrosó la cifra de infectados y muertos en Guayaquil, la ciudad más poblada del Ecuador, convirtiéndola en el epicentro de la infección y de una crisis humanitaria sin parangón. Al diez de abril de 2020, el número de infectados a nivel nacional es de 7161. Se reportan 297 personas fallecidas y Guayas (provincia a la que pertenece Guayaquil) representa el 73,7% de esas cantidades. Varios reportajes nacionales e internacionales advirtieron que hay un sub-registro porque muchos de los decesos fueron membretados con las causales de “neumonía atípica” o simplemente no fueron contabilizados, también han señalado que hasta el nueve de abril se abrían levantado 500 cadáveres de calles y viviendas.
Agenda política
Histórico 16 de marzo a nivel mundial: caída del precio del petróleo y depreciación del dólar.
En Ecuador aquello coincidió con la declaratoria de estado de emergencia sanitaria por parte de la presidencia de la república, en concordancia con el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) y siguiendo recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Luego sucedieron las siguientes medidas: declaratoria de estado de excepción, suspensión de actividades no indispensables del sector público; suspensión de transporte interprovincial, vuelos domésticos y circulación de automóviles particulares. Después vino el cierre de fronteras; la suspensión total de actividades, el toque de queda parcial, el toque de queda ampliado y cierre de negocios no indispensables. Las rígidas medidas de contención en un contexto social, económico y de salud deteriorados, más la bajísima confianza en el gobierno, no pudo detener la propagación de la infección.
La agenda política del gobierno tampoco detuvo su plan económico y, paralelamente a las medidas sanitarias, adoptó otras que debilitarán aún más al sector social de Estado. Eliminó la Secretaría de Juventudes, cuatro agencias de Regulación y Control, tres institutos, tres empresas públicas, cuatro secretarías técnicas y la Empresa de Medios Públicos; además decretó la disminución porcentual del salario de los trabajadores públicos, incluidos docentes.
Con datos de marzo de 2019, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) identifica un 34,2% de pobreza a nivel nacional, de esta el 41,8% es rural; estas cifras enmarcan a las personas que no cuentan con un salario del que sostenerse durante los periodos de aislamiento. El informe del INEC se hizo a través de una metodología que mide la pobreza por necesidades básicas insatisfechas: vivienda, servicios básicos, educación, salud. Es decir, que esta población carece de la garantía de cobertura de una o más de estas necesidades básicas, que si en condiciones de aparente normalidad son indispensables, en contexto de crisis sanitaria ponen en peligro la vida, si están ausentes.
Así también, se indica que prevalece un 8,9% de pobreza extrema a nivel nacional, es decir que todas esas personas que viven con menos de un dólar al día, 18% de esa pobreza es rural. 11,2% se concentra en Guayaquil, donde el coeficiente de GINI[1] de 0,38%. Estos valores que permiten dibujar las condiciones de pobreza y desigualdad, sumados a una política de reducción del Estado y poca inversión en los requerimientos sociales fundamentales para garantizar los derechos humanos como la salud, la educación y la vivienda. La gobernanza antes de la crisis sanitaria tenía malas condiciones, al sobrevenirse esta, se desató el desorden institucional y en población civil.
Otros aspectos que marcan la política interna son: la priorización del pago de la deuda externa en plena crisis; la criminalización de la libre expresión, acusando a quien escribe o difunde, de desinformar, desestabilizar e intentar disolver la institucionalidad. Además, está la ausencia del presidente Lenin Moreno y la exposición mediática del vicepresidente Otto Sonnenholzner, quien parece perfilarse como candidato a las elecciones de 2021.
De crisis sanitaria a crisis humanitaria
Cuando se contabilizaban 25 fallecidos por COVID-19 en Guayaquil, el Gobierno Nacional anunció la creación de fosas comunes por saturación del sistema mortuorio. Aquel aviso desató la desconfianza a nivel nacional e internacional. Como en octubre, los dispositivos móviles y las redes sociales fueron la herramienta para difundir los sucesos, circularon decenas de videos de personas junto a los cadáveres de sus padres, hermanos, tíos, abuelos pidiendo el levantamiento de los cuerpos que quedaban por días en las casas o que, tras la desesperación e insalubridad, eran abandonados en calles, plazas, banquetas. Las autoridades, locales y centrales culpan a la población de la crisis por la desobediencia a las normativas de distancia y resguardo en los hogares.
Esa es la imagen de Guayaquil en abril del 2020: cuerpos sin vida descomponiéndose en las calles y sobrevivientes desolados, rotos, hambrientos, violentados. Días después del primer anuncio el presidente Lenin Moreno develó que los afectados eran más. Al igual que en el paro nacional de octubre videos y publicaciones periodísticas que muestran el drama ecuatoriano al mundo fueron desacreditados por la administración central, acusando a sus autores de intento de desestabilización y de aliados del gobierno predecesor.
Los rituales ante el deceso, el respeto por los muertos, el protocolo de salubridad ante los cuerpos sin vida, todo deshecho porque la realidad actual de Guayaquil es otra. Las familias deben tirar los cadáveres de quienes amaron a las calles por las que transitan. Son actos de desesperación. Pasan días con los cuerpos despojados de vida, en sus viviendas, sin ser atendidos por la autoridad. Una herida que no cerrará en una urbe gobernada hace treinta años por el partido conservador Social-cristiano (ahora nombre vaciado de sentido).
Féretro espera ser retirado entre la basura, en una calle de Guayaquil. Captura realizada el 8 de abril
El ecuatoriano, además del pánico al virus, teme al Estado y su inoperancia. En Guayaquil, muchos de los muertos por COVID-19 no ganaron la batalla porque no tuvieron la posibilidad de librarla en condiciones dignas (cama hospitalaria, médicos, insumos, ventiladores, oxígeno, medicina) debido a la saturación del sistema de salud. Como en varios países de la región es una estructura fragmentada con base en el poder adquisitivo de los usuarios, quien puede pagar asiste a salud privada, quedando los servicios públicos para los pobres, en una lógica donde el dinero es igual a calidad.
No solo los cuerpos apagados se descomponen, las vidas también. En medio del luto, el hambre, las deudas y el temor a enfermarse y no ser recibido en un hospital. la Ministra de Salud, renunció en plena la crisis, denunciando falta de recursos; con médicos empujados a renunciar para salvaguardar su vida, por falta de insumos y otros muchos galenos contagiados. Solo el Colegio de Médicos del Guayas anunció 27 pérdidas la semana pasada.
Varios periodistas también perdieron sus vidas. Los ciudadanos que viven del comercio diario son víctimas del hambre, la especulación. Otros conviven con la angustia de tener familiares atrapados en otras geografías debido al cierre de fronteras y tras días en tierras extranjeras han quedado en situación de indigencia. Solo en México, tras la repatriación de ecuatorianos con vulnerabilidad, permanecen más de 50 personas que se enfrentan a las disposiciones locales de cierre de espacios de hospedaje y los albergues repletos.
La alcaldesa de Guayaquil señala que perdió 47 trabajadores de su administración hasta el 8 de abril y fue enfática en que el levantamiento de cuerpos es responsabilidad del gobierno nacional a través de criminalística, mas no de la municipalidad (en un lugar con 2 millones 750 mil habitantes). El gobierno central dice que el municipio toma malas decisiones y la población no acata las reglas. El discurso político, dependiendo de quién lo emita, señala a los culpables: los pobres, los guayaquileños, los alcaldes, el gobierno, los indisciplinados; el culpable siempre es el otro.
Guayaquil, 8 de abril. La superficie de la ciudad es un cementerio
Respuesta civil
Ante la ausencia de Estado, médicos, campesinos, periodistas y la sociedad civil se organizan a través de diferentes formas de cooperación. Comunidades andinas han donado a Guayaquil volquetas de eucalipto -planta aromática y medicinal conocida en la cosmovisión andina por sus propiedades para sanar enfermedades respiratorias-. Han entregado papas, leche y víveres en zonas rurales de la sierra. El colectivo autogestionado “Casa Uvilla” hizo una colecta y entregó kits de alimentación.
En México, la organización de mujeres “Ecuarmex” ha gestionado la estadía y repatriación de los ecuatorianos que están varados en este territorio. Hay muchas otras expresiones de solidaridad y existe también corrupción en todos los niveles y en Guayaquil la población denuncia cobros indebidos en morgues, además de la especulación de mascarillas, alcohol y guantes en todo el país, compras de pánico y acaparamiento.
Panorama futuro y preguntas
En estas condiciones COVID-19 avanza en Guayaquil y Ecuador, dejando expuesta la situación sanitaria, económica y laboral.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que cuatro de cada cinco personas (81%) de la fuerza de trabajo mundial están siendo afectadas por cierres totales o parciales de su empleo. También advierte que el 43% del trabajo en la región está en alto riesgo, esta es la cifra más preocupante. En Ecuador la tasa de desempleo en el país abarca el 4,6 y el porcentaje de subempleo es de 18, 9. La tasa de desempleo juvenil en la zona urbana se ubica en 14.1%.
¿Cuántos lograrán conservar sus empleos después de esto? ¿Cómo se promoverán nuevos empleos para los centenares de despedidos?
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) pronostica quiebres de empresas, reducción de la inversión privada, menor crecimiento económico, deterioro de las capacidades productivas, mayor desempleo, menores salarios e ingresos, aumento de la pobreza y la pobreza extrema. Sobre los sistemas de salud pronostica mayores desigualdades de acceso como efectos del COVID-19 a nivel mundial.
Para América del Sur, la CEPAL prevé impactos negativos en turismo, comercio internacional y venta de petróleo. Para Ecuador, resistir una baja a largo plazo del precio del barril es insostenible, porque los costos de producción son de 32 dólares por unidad. Al inicio de la crisis el costo de venta era de 16 dólares, actualmente es 33, es decir que, apenas se cubren los costos de producción. El crudo es, junto con la exportación de agro-productos, de los principales rubros que componen el PIB nacional. Dos áreas que se avizoran afectadas en los pronósticos de la CEPAL.
Entre las disposiciones gubernamentales iniciales para amortiguar la crisis se dispuso créditos y negociaciones de las deudas de ciudadanos con las entidades financieras, así como la suspensión temporal del pago de servicios, valores que serán diferidos en el futuro. El 10 de abril se anunciaron nuevos mecanismos de contención que contemplan un aporte del 5% de las utilidades de las empresas grandes para impulsar a las pequeñas y medianas y evitar su cierre.
Así también, se anunció que quienes perciban un salario mayor a 500 dólares harán un aporte mensual proporcional. Estos dos recursos serían gestionados por una entidad que se conformará por personas de la sociedad civil. Además, se señaló que se ampliará la seguridad social para los desempleados hasta por 120 días, y se facilitará el cobro del seguro de desempleo. Se comunicó el aporte de entidades como Banco Mundial para garantizar la preservación de las empresas nacionales.
En materia educativa se dispuso la teleeducación. La educación en Ecuador, como en gran parte de Latinoamérica presenta grandes dificultades, a estas se suman las deficiencias en tecnologías. ¿Cómo resolverán los Estados sin recursos la accesibilidad a internet para todos los niños, niñas y adolescentes? considerando a las nacionalidades y su educación intercultural bilingüe ¿Capacitarán a sus docentes en uso de TIC? Entre las estrategias proclamadas por el gobierno se mencionó llevar tecnología a todos los rincones del país, no se dice cómo ni con qué presupuesto.
Preguntas y exigencias en un momento en que lo primordial es salvaguardar la vida, cuidarla. Pero esta realidad mórbida es el resultado de décadas de deuda con la sociedad ecuatoriana, es la historia que se arrastra, que va dejando marcas en las vidas, en los cuerpos, en los bolsillos. Sin una economía estable, sin garantías de salud pública y sin educación no es posible hablar de protección a la vida. Un elemento de las escuelas es el desayuno escolar, que garantiza de alguna manera la soberanía alimentaria de los infantes y que ahora se ven privados de ese recurso.
Esta pandemia vino a develar un panorama de precariedad y desamparo. Hoy los cuerpos de los más pobres de Guayaquil reposan en ataúdes de cartón, en sábanas o envueltos en plástico, esperando bajo el inclemente sol a ser retirados. Sus familiares volverán a casa de luto, con el alma y el cuerpo adoloridos, posiblemente endeudados, desempleados.
Shirley Vallejo Tapia es comunicadora social, especialista en análisis políticos y sociales y actualmente estudia el posgrado en Pedagogía en la UNAM.
Para consultar el trabajo fotográfico de Iván Castaneira
consultar www.ivancastaneira.com o el Instagram @i_chido
Para colaborar con lo ecuatorianos varados en México comunicarse con:
Ecuarmex: 5545609728
[1]Indicador de desigualdad. Fuentes:
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